De acuerdo con el ministro de Interior, Rodrigo Lara, esta iniciativa busca armonizar el derecho a la protesta pacífica con los derechos de quienes no participan en las movilizaciones. La ciudadanía podrá presentar observaciones hasta el 4 de octubre.
El Ministerio del Interior publicó para comentarios de la ciudadanía un proyecto de modificación del Decreto 003, relacionado con las garantías para el ejercicio de la protesta social en Colombia. Según la información divulgada por la entidad, la propuesta busca mantener la protección del derecho a la manifestación pacífica y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de las personas que no participan en las movilizaciones.
El Ministerio señaló que el proyecto ha cumplido con el proceso de consulta previsto en la normativa y que su contenido está orientado a respetar el ejercicio de la protesta social, sin desconocer las obligaciones de protección de los demás ciudadanos.
El Ministerio del Interior @MinInterior subió para comentarios al público un proyecto de modificación del Decreto 003 sobre protesta social.
El proyecto es respetuoso de la protesta social y ha cumplido con todo el proceso de consulta que exige la norma.
Este decreto busca…— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 1, 2026
Uno de los ejes centrales de la propuesta es establecer un equilibrio entre los derechos de quienes salen a las calles a manifestarse y los de quienes desarrollan sus actividades cotidianas durante las jornadas de movilización.
En ese sentido, la información oficial distingue entre las afectaciones propias de una protesta y las conductas que pueden constituir actos de violencia. Situaciones como los trancones y las molestias derivadas de las manifestaciones no se consideran, por sí solas, expresiones de violencia. En contraste, las agresiones, el porte de armas, la retención de personas y la obstrucción del paso de ambulancias se señalan como comportamientos que requieren intervención.
La iniciativa también plantea mantener abiertos los canales de diálogo con los manifestantes, mientras se adoptan medidas frente a quienes incurran en agresiones u otras conductas que vulneren los derechos de terceros.
