Así avanzan las investigaciones en caso Ordóñez
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Este martes finalizó la etapa de juicio en la investigación disciplinaria que se surte en la Procuraduría contra los patrulleros de la Policía Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez.
Se prevé que los alegatos de conclusión se registren en audiencia virtual, el próximo 22 de octubre.
El Ministerio Público tiene en su poder testimonios de miembros de la institución, así como también los de los allegados a Ordóñez, sumado a la necropsia y material fílmico que servirá para que la Procuraduría, en cabeza de Hermán Rincón, delegado para la Fuerza Pública, tome una decisión sobre el caso.
El proceso disciplinario se adelantó desde el 1 de octubre hasta la fecha, y en el marco de las mismas, el Ministerio Público sostuvo que los patrulleros, quienes permanecen recluidos en la cárcel de Facatativá, excedieron el uso de la fuerza en el procedimiento policial que adelantaron en la noche del 9 de septiembre.
Cabe mencionar que sobre este caso, la decisión más reciente en materia penal, es de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que consideró que la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía debía adelantar las labores de investigación.
Aunque los abogados de los patrulleros de Rodríguez y Lloreda solicitaron que la competencia del caso fuese llevado por la Justicia Penal Militar, por tratarse de actos del servicio, la Sala no les dio la razón.
"La Sala Jurisdiccional Disciplinaria en providencia de fecha 7 de octubre del presente año, resolvió asignar el conocimiento del asunto a la Justicia Penal Ordinaria representada por el Fiscalía 94 Especializada de la DECVDH de Bogotá", dice el documento.
En el caso ocurrido en la madrugada del 9 de septiembre, en el noroccidente de Bogotá, la Sala consideró que de acuerdo con las pruebas del proceso, el expediente debe ser atribuido a la Justicia Penal Ordinaria, dado que se evidencia con "claridad que no existe la relación del hecho investigado penalmente con la prestación del servicio".
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Para la Sala es claro que, en las pruebas se evidencia "un claro uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes involucrados", esto teniendo en cuenta que Ordóñez, a quien lo impactaron con taser, ya estaba reducido en el piso tras la intervención de los uniformados.
"No obstante, al estar este ciudadano ya controlado por los uniformados estos continuaron propinándole dichas descargas, excediendo totalmente el ámbito de sus funciones constitucionales y legales y es precisamente ese actuar desproporcionado el que rompe cualquier nexo de causalidad con el servicio", dice el documento.
Para la Sala está visto que de ninguna manera puede admitirse que una actuación, a su juicio, totalmente desproporcionada, excesiva y alejada de las funciones constitucionales y legales de los miembros de la Fuerza Pública, se considere como un acto del servicio.
Por tales aseveraciones la Fiscalía avanza con la investigación por lo que le fueron endilgados los delitos de homicidio y tortura agravada.
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