¿Cómo va el seguimiento a los casos de líderes asesinados?

Iniciando el mes de noviembre, el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entregó un informe actualizado sobre la preocupante situación en torno al asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos durante el 2020.

Este informe plantea una grave situación que deja hasta la fecha la muerte de 251 líderes sociales, en lo que va corrido del año. Adicionalmente, incluye los decesos de familiares y firmantes de los Acuerdos de Paz, quienes también se han visto fuertemente amenazados.

Según este balance, en promedio, cada semana han sido asesinados 6 líderes sociales en el país durante el 2020. La focalización de estos casos geográficamente permitió identificar que el departamento más golpeado por este problema es el Cauca, que suma 84 asesinatos, seguido por Antioquia, que registra otros 26.

A pesar de las medidas de aislamiento y cuarentena impuestas debido a la pandemia por covid-19, aspectos que podrían aportar a la disminución de asesinatos, el comparativo entre 2020 y los anteriores años no es positivo.

Según el ‘Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos 2016-2019’ de la Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, en el año 2019 se reportaron 107 homicidios contra líderes sociales y en el 2018 fueron 114, por lo tanto, en estos dos años combinados se confirmaron 221 asesinatos de líderes sociales.

Es decir, hasta la fecha, el 2020 ya reporta 30 casos más que los dos años anteriores juntos, mostrando un preocupante aumento.

El informe de Indepaz también destaca que se hay un fuerte indicio de que los líderes indígenas son los más afectados por los asesinatos. En el informe se reporta que 90 de las víctimas eran indígenas, 70 campesinos, 28 líderes comunales, 24 cívicos y 8 eran líderes sindicales, entre otros.

Otro aspecto incluido por Indepaz en su reporte son los asesinatos de familiares de líderes sociales, como mecanismo de amenaza al líder o por estar presente en algún atentado. En este punto se reportan 10 asesinatos, 8 de los cuales eran hijos de defensores de derechos humanos.

Adicionalmente, entregaron un reporte de excombatientes de las Farc, firmantes del Acuerdo de Paz del 2016, que también fueron asesinados en lo corrido del año. Este informe asegura que hasta el 7 de noviembre 52 exmiembros de la guerrilla fueron asesinados, en todo el país.

Casos que estremecieron al país

A lo largo de este año se han presentado numerosos asesinatos de líderes sociales, que se han viralizado, principalmente por sus denuncias a través de redes sociales, como el homicidio de María del Pilar Hurtado, en Córdoba.

En redes sociales se dio a conocer un video, momentos después del asesinato de Hurtado, en el que se puede apreciar a su hijo, de 9 años, gritando de impotencia y desesperación por la muerte de su madre. Según los testigos, la mujer fue asesinada frente a su hijo.

Durante la última semana del mes de junio, hasta Tierralta, al noroeste de Córdoba, llegaron dos hombres armados, movilizándose en una motocicleta y dispararon contra María Pilar, quien estaba en compañía de 2 de sus 4 hijos. Hasta la fecha no se ha podido determinar quién es el responsable y el móvil tras este hecho.

El pasado 28 de septiembre se dio a conocer la noticia del asesinato del historiador, profesor e investigador Campo Elías Galindo, en la ciudad de Medellín. Galindo también se desempeñaba como miembro de la coordinadora de Colombia Humana en la capital antioqueña.

Según se conoció en su momento, el cuerpo de Galindo fue hallado en su vivienda por un familiar, quien fue el encargado de dar aviso a las autoridades.

Galindo vivía solo, en el barrio Los Pinos en Medellín, por lo que sus allegados solo se percataron de su ausencia tras dos o tres días de no asistir a reuniones programadas, sin un llamado de explicación. Por esta razón la familia decide acercarse a su domicilio, donde el hombre ya no tenía signos vitales.

El hombre, de 69 años, tenía múltiples heridas por arma blanca. Adicionalmente, se afirma que, en el momento de encontrar su cuerpo, Galindo tenía un libro quemado sobre su pecho.

Uno de los hechos más recientes fue el asesinato de la activista colombo-española, Juana Perea, el pasado 29 de octubre en Nuquí, Chocó, según confirmaron autoridades locales y el Gobierno Nacional.

Perea, carismática líder comunitaria desde hace varios años, era además empresaria del sector turístico y dirigía un hotel en el corregimiento de Termales.

Según Indepaz, el cuerpo de la mujer fue encontrado frente a la estación de Policía, en la cabecera municipal del municipio, arrojado en la playa. Tenía un impacto de arma de fuego. La entidad también señala que Juana Perea era una reconocida lideresa ambientalista quien se oponía a la construcción del puerto de Tribugá.

Juana se suma a la extensa lista de defensores del medio ambiente y el territorio asesinados en Colombia en los últimos años, lo cual llevó al país al deshonroso primer lugar como el país más peligroso del mundo para ejercer activismo ambiental.

¿Qué dicen las autoridades sobre el asesinato de líderes sociales?

La Corte Constitucional aseguró que el asesinato de líderes sociales en Colombia es un grave retroceso en las acciones para llegar a la consolidación de paz en el país, además de atacar directamente los cimientos de la sociedad.

El alto tribunal explicó que cada vez que un líder social es asesinado no solo se violentan sus derechos fundamentales, sino que el país cae en un grave retroceso, a pesar de los logros alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

También destacó que, sin líderes sociales, representantes de diferentes esferas y grupos de la sociedad, la democracia se encuentra en un riesgo grande para mantenerse “abierta, plural y participativa”.

Por esta razón, se ha trabajado, desde las diferentes autoridades, para intentar esclarecer los hechos, móviles y llevar a la justicia a los responsables materiales e intelectuales de los atroces crímenes.

Avances de la Fiscalía

Muchos de estos casos continúan sin resolución, mientras otros empiezan a ver la luz de una respuesta tras la muerte. Este es el caso de 5 homicidios de líderes sociales del movimiento político Colombia Humana, perpetrados este año.

Según el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General logró esclarecer diferentes hechos relacionados con líderes de la Colombia Humana, entre los que se encuentra la muerte de Campo Elías Galindo, cuyo crimen, cometido el 28 de septiembre en el barrio Laureles de Medellín (Antioquia), obedecería, según las indagaciones y primeras hipótesis, a un asunto personal.

“Por estos hechos, en menos de un mes y medio, con la coordinación de la UEI, uniformados de la Dijín Cuerpo Élite - Sijín Meval adelantaron este 10 de noviembre la operación Renacer, en la cual se materializó la orden de captura, en contra de la presunta autora material del homicidio de Galindo”, aseguró el fiscal general, Francisco Barbosa.

Durante la diligencia de allanamiento y registro a la vivienda de la mujer, se halló un computador y un celular que le habrían sido hurtados a la víctima, así como ropa y zapatos que serán objeto de análisis por parte de Medicinal Legal.

En otros casos que vinculan líderes de Colombia Humana, la Fiscalía también tiene reporte de investigación de lo ocurrido con Alejandro Llinás, quien fue asesinado el pasado 23 de abril, en la vereda Calabazo de Santa Marta (Magdalena), con arma de fuego.

Por estos hechos fue capturado y judicializado Adán Romero Pérez, alias el ‘Grande’ o ‘Chuky’, presunto integrante de la estructura criminal Autodefensas Unidas Conquistadores de la Sierra Nevada, derivadas de ‘Los Pachenca’.

Respecto de los asesinatos de Jhonatan Borja e Iván Giraldo Fúquene, ocurridos el pasado 30 de enero, en el barrio Betania de Comfandi de Palmira (Valle), con arma de fuego, la Unidad Especial de investigación vinculó a los presuntos autores materiales y determinadores del hecho.

Por su parte, el ente acusador también indagó sobre el asesinato de Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez, ocurrido el 20 de octubre, en la vereda La Cabrera, zona rural de Popayán (Cauca), quien fue asesinado con arma de fuego.

Según la investigación adelantada por la Dirección Seccional de Cauca, en la que se integró al Cuerpo Elite, Sijin y CTI, fue judicializado José Willintong Gallego Ceballos, como presunto responsable del homicidio.

Estos 5 casos se suman a 3 hechos reportados en los primeros días de noviembre, también por parte de la UIE de la Fiscalía General de la Nación. Según el reporte de Barbosa, se lograron tres importantes sentencias condenatorias en casos contra defensores de derechos humanos, exintegrantes de las FARC y contra sus familiares.

En un primer caso, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cúcuta condenó a 19 años de prisión a Yalcid Durán Claro, integrante del frente Libardo Mora Toro de Los Pelusos. Durán fue hallado culpable del asesinato de Luis Alcides Tarazona Salamanca, defensor de derechos humanos, en la vereda Miramontes del Municipio de Tibú, Norte de Santander.

En un segundo caso, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de Jhonatan Esneider Castelblanco Velasco en el homicidio de Astrid Conde Gutiérrez, reincorporada de las Farc asesinada en Bogotá el 5 de marzo del 2020.

Protección a los líderes sociales

Con el fin de evitar posibles agresiones en el futuro, los líderes sociales han pedido acciones contundentes que ayuden a asegurar su integridad física, su vida y la de sus familias.

Como es el caso de Geraldine Hernández, hija de Dennis Villarreal, líder social del municipio de Puerto Colombia, quien fue víctima de un atentado a bala el pasado 9 de octubre. Por lo tanto, Geraldine solicita protección ya que asegura que la UNP no ha tomado en cuenta las múltiples denuncias hechas en los últimos meses.

La joven cuenta que su madre, el pasado 9 de octubre, estaba viendo por televisión el partido entre Colombia y Venezuela cuando los sicarios ingresaron a su residencia y le dispararon causándole dos heridas de gravedad, que la mantienen en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro asistencial de Barranquilla.

“Desafortunadamente, el pasado 9 de octubre mientras Colombia celebraba la victoria contra Venezuela mi mamá estaba siendo víctima de un atentado en la sala de su propia casa”, sostuvo.

Agregó que uno de los proyectiles le perforó uno de los pulmones que la mantiene en delicado estado de salud, y su padre, quién impidió que el sicario cometiera el asesinato, al forsejear con el delincuente, fue rosado por una de las balas, pero sin mayores consecuencias.

También, desde el departamento del Atlántico, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Ricardo Alarcón Campos, anunció que la institución garantizará la seguridad y protección de la lideresa Mokaná del municipio de Galapa, Atlántico, Lin Sánchez Orellano, quien ha recibido amenazas de muerte desde hace varios meses.

Anotó que “lo primero que tenemos que hacer es activar la ruta de protección a esta población vulnerable; tomaremos contacto con esta señora, a través de la Oficina de Derechos Humanos y la Oficina de Protección de la Policía. Por un lado, para iniciar con las acciones preventivas, garantizarle la seguridad, tranquilidad y lógicamente a la vida a nuestra líder”.

La lideresa Lin Sánchez Orellano, denunció que ha recibido amenazas desde hace algún tiempo y en los últimos días ha sentido la persecución en una motocicleta que llega hasta el frente de su residencia. Dijo que las mismas podrían obedecer a que ella es lideresa en el municipio de Galapa y es la líder de la etnia Mocaká en esa población.

“No puedo decir de dónde vienen esas amenazas. No puedo señalar a nadie, son amenazas que no me permiten hablar sobre mi comunidad. Es una moto que llega a la puerta de mi casa y me señala de que tengo que estar en silencio”, relató Sánchez Orellano a medios locales.

ERIKA PULIDO PRADA