Nuevos señalamientos a la Policía por muerte de jóvenes en Soacha

Pruebas documentales, testimoniales y fílmicos tendrá que recolectar la Procuraduría General para establecer lo que ocurrió el pasado 4 de septiembre en la Estación de Policía de Soacha, Cundinamarca, tras un incendio que dejó 20 jóvenes quemados, de los cuales nueve han fallecido por la gravedad de las heridas.

Una vez más la Policía Nacional está en el ojo del huracán, esta vez por cuenta de una conflagración que se registró días previos a la muerte de Javier Ordóñez, a manos de dos miembros de la Institución. Fue el concejal Diego Cancino, quien alertó sobre la situación de los jóvenes que estaban recluidos en el interior de la Estación y que no habrían sido socorridos por los policías de turno.

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Su denuncia es que el incendio se produjo luego de que más de 20 jóvenes quemaran una cobija, como acto de rechazo por la negativa de las autoridades a recibir visitas por parte de sus familiares, que ha trascendido, estuvieron a las afueras de la Estación mientras ocurría la situación.

La quema no solo de la cobija, sino de otros objetos, habría provocado la conflagración que culminó con heridas de primer y segundo grado, además de la muerte en el lugar de uno de los retenidos, los ocho restantes, según la versión del concejal, fallecieron en los siguientes días por las heridas.

“Hablamos con varias mujeres, madres, hermanas, compañeras de algunos de los nueve muchachos que fallecieron a causa de las quemaduras de primero y segundo grado en el 90 % de sus cuerpos y sus testimonios son desgarradores”, señaló el concejal, consternado por la actuación de los miembros de la Policía, a quienes acusa de no atender a los llamados de emergencia.

El dirigente político aseguró que las familias denunciaron que habían “más de 20 policías y ninguno hizo nada por ayudarlos, ninguno hizo nada para que los muchachos no se quemaran. No se les dio la gana. La policía lo que hizo fue cruzar sus manos y dejar que el fuego se propagara”.

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No obstante, además de dichas versiones, el concejal también tiene en su poder testimonios que dan cuenta de la posible omisión de uno de los uniformados quien, supuestamente, atizó el fuego pateando un elemento indeterminado en el interior de la celda, sumado a que no reaccionaron con extintores, ni mangueras de agua para apaciguar la conflagración.

Los hechos ocurrieron, según la denuncia del concejal, el viernes 4 de septiembre a las 2:00 de la tarde, momento en donde se registra la visita cotidiana a los retenidos.

Lo que en su momento dijeron las autoridades es que se habría presentado un motín en contra de la Policía por parte de los internos, y que quienes habían resultado heridos fueron trasladados a un centro asistencial.

Si bien este tipo de situaciones pasan cotidianamente en el interior de las estaciones de policía e incluso en las cárceles, como acto de rechazo de los internos por las condiciones en las que se encuentran recluidos, lo que genera alarma es que el suceso le costó la vida a nueve personas y trascendió dos meses después.

¿Qué dicen las autoridades?

El coronel César Castro, comandante de Policía de Cundinamarca, le salió al paso a dichos señalamientos y argumentó que los uniformados que se encontraban en servicio cuando ocurrieron los hechos procedieron a controlar el incendio y prestar los primeros auxilios hasta tanto los lesionados, que a su juicio son 11 personas, fueron trasladados hasta el Hospital Cardiovascular y otros centros de atención del municipio.

Castro aseguró que, respecto a la situación actual de las 11 personas comprometidas en este hecho, a la fecha se registra el deceso de ocho de ellas. Además, dos se encuentran en custodia con tratamiento médico y una aún permanece hospitalizada.

El oficial aseguró que una vez se conocieron los hechos se abrió investigación disciplinaria para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la situación presentada.

“El comando del departamento de Policía de Cundinamarca solicitó a la Justicia Penal Militar dar apertura a una investigación con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo modo y lugar, así mismo, desde el tema disciplinario se abrió investigación”, expuso Castro.

El oficial aseguró que la investigación penal fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y actualmente se encuentra en etapa de indagación a cargo de un fiscal de la unidad de vida.

Castro aseguró que una vez se conocieron los hechos se hizo pública la información, por lo que reiteró que no se ha ocultado el suceso y que asumirán las investigaciones necesarias para determinar lo que ocurrió en septiembre pasado.

“Bienvenidas todas las investigaciones”, expuso el oficial y negó de manera tajante que se hubiese presentado negligencia por parte de los uniformados que atendieron la situación.

La reacción del Concejal Cancino

Para el dirigente político, las declaraciones dadas por el comandante de Policía de Cundinamarca son “indignantes”, debido a que no asumió la responsabilidad de lo ocurrido en septiembre pasado.

“En vez de asumir la responsabilidad de esa hoguera humana, de esa masacre que hubo el 4 de septiembre, frente a estos muchachos, no asume la responsabilidad y se excusa frente a eso y además le bota responsabilidad a los otros”, aseguró el concejal.

El militante del partido Alianza Verde expuso nuevamente que los jóvenes tuvieron quemaduras que llevó a la muerte a los mismos, y que existen videos que dan cuenta que las mamás de los detenidos clamaban por salvar la vida sus seres queridos.

“Acá parece que olvidaron y escondieron los extintores”, dijo Cancino y aseguró que los reportes médicos muestran que los cuerpos tenían gasolina, “si hubieran atendido inmediatamente no habrían muerto. La Policía tiene que asumir la responsabilidad”, aseguró el político.

Las investigaciones por este suceso se adelantan en los entes de control con los que pretenden esclarecer lo que ocurrió y determinar si se registró o no responsabilidad por parte de los uniformados. En caso de comprobarse alguna falta, la Procuraduría continúa con la indagación disciplinaria, mientras que en lo penal se podría debatir sobre si es la Fiscalía o la Penal Militar quien asuma el curso de la indagación.

Si se llegase a comprobar que los hechos ocurrieron bajo responsabilidad de los uniformados, pero en medio del acto de servicio, la investigación la asume la Penal Militar, de lo contrario el rumbo de la misma la asumiría la justicia ordinaria.

Por otro lado, desde la Defensoría Regional de Cundinamarca, junto a la personería de Soacha, han hecho acompañamiento a las familias de víctimas, a la vez que el órgano de control pidió realizar una mesa de trabajo sobre la situación de las personas privadas de la libertad en el departamento de Cundinamarca.  

“De este encuentro realizado el 25 del mismo mes, se emitieron comunicaciones al Inpec y Ministerios de Justicia y del Interior. En ellas que se les solicitó adoptar de manera urgente medidas para el traslado de personas privadas de la libertad en Unidades Policiales de Cundinamarca”, expuso el órgano defensor.

COLPRENSA