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“Sin desminado, no se pueden materializar otros ejes del acuerdo de paz, como la restitución de tierras”: Gonzalo Sánchez, Director CNMH

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Imagen de arey

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó el informe: ’La Guerra Escondida: Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia’, en la FILBo 2017. Los retos del Estado y la sociedad colombiana, a propósito de la etapa de posconflicto que vive el país en la actualidad. 

 

Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG) y el primero en víctimas de la Fuerza Pública. Desde 1990 y hasta el 30 de junio de 2016, la DAICMA (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal) registró  un total de 11.440 víctimas de MAP Y REG, de las cuales 7.015 son de la Fuerza Pública y 4.425 civiles. “En 2016, al finalizar el informe, pasamos a ser el sexto país, después de estar en el segundo puesto", aseguró María Elisa Pinto, coordinadora del proyecto.

 

Si bien, en la actualidad estos casos van en descenso, es un problema que seguirá persistiendo en el territorio por años: “Cuando la guerra ha terminado, las minas antipersonal siguen en los campos y continúan matando por décadas”, afirma la Nobel de la Paz, Jody Williams, reconocida mundialmente por su labor antiminas.

 

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La deuda que tiene el país con los sobrevivientes

 

Para Hubert Ghering, director de la Fundación Konrad Adenauer, la estigmatización de las víctimas, siendo catalogados como colaboradores y guerrilleros; además del desconocimiento de la sociedad sobre la verdadera dimensión de la problemática, son los aspectos en los que el país debe enfocarse para dignificar a los sobrevivientes y, de esta manera, lograr la construcción de la paz. En cuanto a la labor del Estado, afirmó que no solo es su responsabilidad asistir a las víctimas; también a sus familias.

 

Sobre esta base, es clave, según Reinel Barbosa, representante de la Red Nacional de Sobrevivientes, las garantías de no repetición; incluidas dentro del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, en el acuerdo sobre las víctimas firmado entre las Farc y el Gobierno nacional.

 

En cuanto al territorio, dice Gonzalo Sánchez, es importante la limpieza de los campos “para quienes están empezando a retornar”, así como “la petición de perdón a las víctimas, que compete a quienes han participado de la guerra”. 

“Sin desminado, no se pueden materializar otros ejes del acuerdo de paz, como la restitución de tierras”, enfatizó.

 

Las MAP y las REG no solo causan impactos directos en las víctimas y sus familias; también en las comunidades de los territorios en los que están sembradas; causando procesos de confinamiento, deserción escolar, desplazamiento forzado y cambios en las actividades productivas, incluso en las relaciones sociales. “No se requiere la activación de la mina, para minar el tejido social”, agregó Sánchez.

 

Para las comunidades indígenas, por ejemplo, el territorio tiene un valor ancestral. Entonces, si es minado, este hecho causa graves daños en la significación que le dan al lugar que ellos llaman 'casa y madre', ya que no es posible habitarlo de la misma forma si hay sospecha de artefactos explosivos. “Cuando la guerra está en el territorio, ella amenaza con borrar o transformar las huellas territoriales que le dan sentido a la vida en comunidad y al proyecto de vida propio”, aseguró un hombre Awá, durante un taller de memoria realizado por el CNMH, en Ricaurte (Nariño).

 

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Los 'entornos discapacitantes'

 

Según los resultados del informe, la victimización no solo ocurre desde el momento en que la mina es activada, accidentalmente, por la  persona. “Las discapacidades se agravan por los modelos sociales, pues la sociedad no está preparada”, asevera Sánchez. Así, los sobrevivientes se enfrentan a ‘entornos discapacitantes’, que son agravados por ideas y prejuicios relacionados con la discapacidad. 

 

Entonces, actos básicos de la cotidianidad se convierten en un recordatorio de la afectación. “Acá en la costa es “mocho, venga” (…) no le colaboran a uno, lo apartan a uno, no se ha visto que uno también tiene sus capacidades. En Bogotá, Bucaramanga, en Medellín…lo miran a uno con otra mirada, se acercan, te preguntan: “¿qué te pasó, mijo?” (…) Con los empresarios de acá no se consigue nada (…) No toman a pecho la cosa…somos útiles cuando estamos completos (CNMH- Fundación Prolongar, militar sobreviviente, taller de memoria, Corozal, Sucre, 2016).

 

“La imposibilidad de hacer lo que antes se hacía puede propiciar rechazo, discriminación y nuevas victimizaciones”, asegura el CNMH. Adicionalmente, enfrentrse a una sociedad que no los trata con naturalidad, sin prejuicios, ni exclusiones, logra que las condiciones físicas, sensoriales y sicosociales se conviertan en una discpacidad; desde la accesibilidad a los espacios públicos, hasta la falta de oportunidades en el campo laboral.

 

Así las cosas, plantea el informe, es necesario  que todos los agentes de la sociedad trabajen para incluir de forma digna y efectiva a las víctimas con discapacidad.