La Ley 2364 de 2024 reconoce a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en Colombia como sujetas de especial protección constitucional. Conoce a quiénes ampara la norma, qué medidas contempla y cuáles son las responsabilidades del Estado para garantizar sus derechos.
Las mujeres buscadoras son madres, esposas, hermanas, hijas y otras personas que dedican sus esfuerzos a encontrar a sus familiares desaparecidos.
En Colombia, muchas han asumido esta labor durante años, enfrentando amenazas, estigmatización, dificultades económicas y afectaciones emocionales mientras exigen respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
Ante esta realidad, la Ley 2364 de 2024 busca reconocer su trabajo y establecer medidas para protegerlas, atender sus necesidades y garantizar condiciones dignas para que puedan continuar con la búsqueda.
¿Por qué se creó la Ley 2364 de 2024?
La norma surgió como respuesta a la crisis humanitaria de la desaparición forzada en Colombia y a los riesgos que enfrentan quienes buscan a las víctimas.
En muchos casos, las mujeres han tenido que reorganizar sus vidas, abandonar empleos o estudios y asumir responsabilidades familiares y económicas mientras adelantan sus procesos de búsqueda.
Además de enfrentar la ausencia de sus seres queridos, algunas han sido víctimas de amenazas, desplazamiento forzado, violencia de género y revictimización.
Por eso, la ley reconoce la importancia de su labor como defensoras de derechos humanos y establece la necesidad de adoptar medidas diferenciadas que respondan a sus condiciones particulares.
¿A quiénes protege esta ley?
La Ley 2364 de 2024 está dirigida a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Su reconocimiento comprende a quienes buscan a sus familiares y a quienes participan en procesos colectivos para encontrar a otras personas desaparecidas.
La norma las reconoce como sujetas de especial protección constitucional, lo que implica que el Estado debe considerar los riesgos y las necesidades específicas que enfrentan en el desarrollo de su labor.
Este enfoque también debe tener en cuenta las condiciones de las mujeres indígenas, afrodescendientes y pertenecientes a otros grupos étnicos, así como sus prácticas culturales, lenguas y saberes.
Foto: UPBD. Las mujeres buscadoras son defensoras de derechos humanos
en un país atravesado por más de 60 años de conflicto armado
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¿Qué derechos contempla la Ley 2364 de 2024?
La legislación establece medidas orientadas a la protección integral de las mujeres buscadoras y al acceso efectivo a derechos sociales, económicos y culturales.
Entre los ámbitos contemplados se encuentran:
- Protección y seguridad: medidas para prevenir y atender los riesgos, las amenazas y las agresiones relacionadas con su labor.
- Atención en salud: acceso a servicios de salud y atención psicosocial para responder a las afectaciones derivadas de la búsqueda.
- Educación y vivienda: medidas para favorecer el acceso a oportunidades educativas y condiciones de vida dignas.
- Seguridad social y apoyo económico: acciones dirigidas a atender las dificultades económicas y sociales que pueden surgir durante los procesos de búsqueda.
- Reconocimiento y participación: garantías para que sus experiencias y conocimientos sean tenidos en cuenta en las acciones institucionales de búsqueda.
La aplicación de estas medidas debe responder a las necesidades de las mujeres y contribuir a evitar que sean víctimas de nuevas vulneraciones.
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¿Cuáles son las obligaciones del Estado?
La ley establece responsabilidades para las instituciones públicas en materia de reconocimiento, protección y atención a las mujeres buscadoras.
Esto implica desarrollar medidas para prevenir las violencias que enfrentan, atender las situaciones de riesgo, facilitar el acceso a sus derechos y garantizar su participación efectiva en los procesos relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.
También es fundamental que las autoridades investiguen las agresiones cometidas contra ellas y que se adopten acciones para prevenir la estigmatización y la revictimización.
La protección debe considerar, además, las condiciones territoriales, sociales, económicas y culturales de cada mujer, de manera que las medidas respondan a sus necesidades particulares.
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¿Qué papel cumple el Registro Único de Mujeres Buscadoras?
El Registro Único de Mujeres Buscadoras (RUMB) es una herramienta prevista para identificar y reconocer a las mujeres que desarrollan esta labor, con el propósito de facilitar la articulación institucional y el acceso a las medidas correspondientes.
De acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo, el registro se encuentra en proceso de estructuración técnica y diseño de herramientas. Su puesta en funcionamiento busca contribuir a que el reconocimiento establecido en la Ley 2364 de 2024 se traduzca en acciones concretas.
El Decreto 063 de 2026 reglamentó esta ley y estableció plazos para el diseño y la operación del registro, así como para su articulación con el Registro Único de Víctimas y el Registro Nacional de Desaparecidos.
¿Por qué es importante reconocer y proteger a las mujeres buscadoras?
La labor de estas mujeres contribuye a esclarecer lo ocurrido con las personas desaparecidas, preservar la memoria de las víctimas y acompañar a miles de familias que continuan esperando respuestas.
Sin embargo, su reconocimiento no puede limitarse a una declaración legal. También requiere medidas efectivas de protección, atención integral y acceso a derechos, especialmente para quienes han dedicado años a buscar a sus seres queridos en condiciones de vulnerabilidad.
La Ley 2364 de 2024 representa un marco de reconocimiento para las mujeres buscadoras y establece responsabilidades institucionales orientadas a proteger su vida, su dignidad y su labor. Su implementación es fundamental para que puedan continuar con sus procesos de búsqueda sin tener que asumir solas los riesgos y las consecuencias de esta tarea.
