¿Qué viene para el caso de Javier Ordóñez?


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Luego del caso de brutalidad policiaca, por parte de dos uniformados que sometieron a Javier Ordóñez, haciendo uso de un taser (pistola de electrochoques) en repetidas ocasiones a pesar de sus suplicas para que se detuvieran, se han tomado distintas decisiones en torno al rumbo que deben tomar las investigaciones.

En primer lugar, unas horas después, se anunció el inicio de recolección de pruebas e investigación por parte de la Jurisdicción Penal Militar, con el fin de esclarecer con rapidez lo que sucedió en la noche del martes 8 de septiembre, en el barrio Villa Luz, de Engativá, y particularmente en el CAI.

Testigos del hecho aseguran que este desenlace pudo deberse a una anterior disputa que presuntamente tenía Ordóñez con los patrulleros, por lo tanto, aseguran que la muerte de este hombre se pudo deber a una posible tortura en el CAI, además de la cantidad de descargas eléctricas que recibió en la vía pública.

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Para asesorarnos en este caso, Canal Institucional contactó a Francisco Bernate Ochoa, abogado y especialista en derecho penal, para que nos diera su concepto sobre lo que podría venir para esta investigación y si debe asumirla enteramente la justicia ordinaria o la justicia penal militar.

Bernate asegura que en primer lugar deben esclarecerse en su totalidad las circunstancias y causas de muerte de Ordóñez, por lo tanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal, juega un papel importante, siendo el ente encargado de determinar si Javier Ordóñez, fue o no víctima de tortura en el CAI.

En caso de comprobarse que Ordóñez fue víctima de tortura, el caso pasaría enteramente a manos de la justicia ordinaria, pero en el caso opuesto, su proceso avanzaría en la jurisdicción penal militar.

Sin embargo, la Procuraduría, desde el 9 de septiembre, anunció que también tomaría cartas en el asunto, asumiendo la investigación, mientras se determina quién sería el ente encargado de continuar. 

Para el abogado Bernate, la decisión de la Procuraduría General de la Nación, es muy acertada, la cual es asumir directamente esta investigación, facultándola para suspender a los funcionarios mientras dura la investigación y el juicio disciplinario, atendiendo lo grave de los hechos.

Suspensión que fue confirmada en la tarde del jueves, cuando se habló de la destitución de los dos patrulleros.

“El Ministerio Público abrió una indagación con la que busca establecer e individualizar la participación que habrían tenido durante el operativo miembros de la Policía Nacional adscritos al cuadrante 47 del CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá, y el trato que se la habría dado al ciudadano una vez fue conducido en una patrulla de la institución”, comunicó la Procuraduría.

Adicionalmente, la Fiscalía designó a un grupo de investigadores del CTI para cumplir con los actos urgentes, como recolectar las evidencias, declaraciones y gestionar el dictamen de Medicina Legal, para llegar a la judicialización de los uniformados.

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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció también que delegó el caso a un fiscal de derechos humanos debido a “la gravedad de la afectación evidenciada y por competencia”.

Según declaraciones del director de Derechos Humanos de la Policía, Alejandro Castro “el juzgado 143 de instrucción penal militar ya abocó conocimiento del caso”. Por lo tanto, actualmente avanzan en paralelo los procesos en la justicia ordinaria y la militar.

Ahora, como ocurrió con el caso Dilan Cruz, quien murió producto de un disparo propinado por un miembro del Escuadrón Antidisturbios (Esmad), podría suceder que la justicia militar solicite quedarse con el expediente y que se detenga el proceso en la justicia ordinaria.

En ese caso, el Consejo Superior de la Judicatura tendría que consultar las pruebas que se puedan reunir para determinar si la muerte de Ordóñez se dio dentro de un acto de servicio de los uniformados o si desbordó sus deberes y funciones. En el primer caso, el expediente seguiría en la jurisdicción militar y en el segundo, se quedaría en la justicia ordinaria.

Hasta el momento, fueron reunidas las declaraciones de habitantes del sector y testigos del hecho, se recuperaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del CAI de Villa Luz, los audios de los radios de los uniformados, en los que se registran los últimos mensajes, antes, durante y después del hecho.

Por lo tanto, ahora la Fiscalía trabaja en la reconstrucción de la línea de tiempo, determinando qué sucedió en vía pública, cuánto tiempo estuvo en el CAI y el estado en el que salió de allí, para poder determinar el rumbo de esta investigación.

REDACCIÓN CANAL INSTITUCIONAL