La ilegalidad en el transporte por la covid-19


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El gremio de transporte intermunicipal en Colombia vive las consecuencias económicas y logísticas de la emergencia sanitaria por la covid-19 que limitan sus desplazamientos y la venta de pasajes.

A esta situación se suma el transporte ilegal que también reclama un espacio para funcionar. Su oferta aumentó en un 300 % y amenaza la estabilidad económica del sector ¿Qué está sucediendo, cómo operan y quién los controla?

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Más de 1 millón de personas, entre personal administrativo y conductores, emplea el sector del transporte intermunicipal en Colombia, según el Movimiento Nacional de Empresarios de este tipo transporte que hoy, mantiene una disputa contra la informalidad, ilegalidad o llamado 'Transporte Pirata' por la oferta y demanda que estaría teniendo para y de pasajeros nivel nacional.

Aclaran los transportadores que el problema no nació con la pandemia, viene de años atrás. Pero resulta innegable que se aumentó en más de un 300 % desde que se establecieron las limitaciones de movilidad y los desplazamientos, ingresos y salidas de ciudades y municipios, quedando las decisiones en cabeza de gobernadores y alcaldes locales.

Hernán Mauricio Atuesta, Gerente General de Copetran, explicó que la operación de buses en plena crisis sanitaria les exige cumplir estrictos protocolos de bioseguridad y condiciones que, a su juicio, han sido nocivas para el gremio:

"Un pasajero debe solicitar cupo de viaje, dar sus datos personales y esperar de 48 a 72 horas a que las autoridades autoricen su salida. Eso demora mucho tiempo y ha dado pie para que los ilegales ofrezcan viajes rápidos y directos. El pasajero tiene afán de irse y termina accediendo".

Y es que la situación según Anderson Quiceno, Director Ejecutivo del Grupo Empresarial de Transportadores de Antioquia se complejiza, si se tiene en cuenta que hoy solo estaría operando el 3 % del gremio que agrupa por lo menos 400 empresas, "no solo generando pérdidas incalculables sino una planta laboral donde el 90 % continúa con la cesación de sus contratos de trabajo".

Pero de la informalidad en el transporte intermunicipal derivan otras acciones igualmente ilegales y violatorias de las normas mínimas de seguridad que el Ministerio del Transporte junto con autoridades de salud exige para operar, pero ¿cuáles son y quién regula su cumplimiento?

El Gobierno Nacional, apoyado por sus gobernantes locales, creó una lista de excepciones que permite a algunos ciudadanos por temas laborales, médicos o de fuerza mayor desplazarse de una ciudad o un municipio a otro y para esto expide una carta que autoriza su movilidad y debe ser presentada ante la Policía de Tránsito de ser requerida.

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"Hemos encontrado a los alrededores de las terminales de transporte de todo el país, que inclusive de las papelerías sacan los permisos a los pasajeros para que se puedan movilizar. Cobran entre 15 mil y 20 mil pesos por carta dependiendo del tipo de destino", denunció el vocero de transportadores de Antioquia.

Y si la situación se evalúa desde otra orilla tal vez no difiere mucho porque según argumenta Jorge Jaramillo, representante del gremio en el suroccidente del país, "si bien la policía hace retenes en las vías y logra detectar algunos infractores el grueso de los ´piratas´ pasan desapercibidos porque son vehículos particulares que nadie logra detectar y que en su mayoría ya tienen los permisos falsos de movilidad".

Un ejemplo de la situación, explica, es Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca:

"Es uno de los municipios con mayores contagios y la movilidad de la gente en un 90 % se está dando en el transporte ilegal. Usted se para en la salida de la carretera al mar y ve filas de carros particulares ofreciendo viajes al municipio, la policía lo ve y nadie hace nada". Añade el vocero del occidente colombiano.

Sobrecostos

Pero de la oferta de transporte informal deriva otra acción aún más difícil de controlar, dice el vocero Jaramillo, y que los pasajeros han estado dispuestos a asumir con el costo de dichos trayectos que ha llegado a superar el 900 % del valor real de un pasaje:

"Un viaje por tierra que normalmente valdría 100 mil pesos lo están cobrando hasta en 1 millón 200 mil pesos, lo que valdría un pasaje en avión, solo por dar un ejemplo. Le garantizan al pasajero carta de autorización de salida y entrada intermunicipal; no tienen que esperar 72 horas para viajar, es inmediato y es puerta a puerta. ¿Cómo competir contra eso?".

Indican los transportadores que han tenido varios pasajeros que se inscriben en las terminales para viajar y cuando les autorizan el viaje y se les comunica ya hace varios días han salido de las ciudades apoyados del ´transporte pirata´ y entre tanto el sector sigue operando al 3 %.

¿Y la seguridad de los pasajeros?

Según la Superintendencia de Puertos y Transporte la compra de un pasaje legal otorga unos seguros directos al pasajero en caso de accidente. El transporte ilegal no garantiza, además, ningún tipo de protección legal y si el conductor no tiene al día el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) se está aún más expuesto y desprotegido ante cualquier siniestro.

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De otra parte, lineamientos como los estipulados por el Ministerio de Transporte a través de la circular 004 del 9 de abril de 2020, sobre limpieza, desinfección, uso de elementos de protección, distanciamiento físico al interior de buses y modos de ventilación de vehículos, tiene por objeto evitar la propagación del covid-19, permitiendo la movilización de buses y lo que a juicio no solo del gremio sino de las autoridades de policía, no se cumple cuando se le ofrece a un pasajero transporte ilegal.

"Es un riesgo muy alto el que corren los pasajeros bajo precarias medidas de bioseguridad. Sumado a los riesgos de ir en un vehículo que puede estar inmerso en un delito o en mal estado y sufrir un accidente" advierte el General Carlos Rodríguez, Director de Tránsito y Transporte de la Policía.

Según el General Rodríguez más de 500 comparendos se colocan a diario a conductores y algunos acompañantes que son sorprendidos en las vías sin permisos de movilidad, en zonas prohibidas para desplazarse o en el peor de los casos con permisos falsos que además les acarrea procesos judiciales.

Sin embargo esto resulta insuficiente para los transportadores si se tiene en cuenta que "en la realidad la policía no estaría detectando en su mayoría cuál es el transporte pirata" pues no desconoce el gremio que muchos ciudadanos han migrado a este oficio debido al desempleo.

La capacidad máxima de ocupación de un vehículo de transporte intermunicipal hoy no debe superar el 50 %, cumpliendo con todos los protocolos de ley. Actualmente no llegan al 35 % por la inmediatez que garantiza el 'transporte pirata'.

Apoyos desde el Estado

Luego de varias reuniones entre el Gobierno Nacional y los voceros de las 537 empresas de transporte intermunicipal del país, agremiadas o no, donde se dio a conocer que las pérdidas, desde el inicio del aislamiento obligatorio, llegan a los $7 mil millones diarios, por esto la SuperTransporte estableció 4 medidas de apoyo al sector:

  • Acciones contra la ilegalidad: más Fuerza Pública y control en vías del país contra el transporte ilegal.
  • Mejoramiento de la liquidez de las empresas: aplazando el pago de contribuciones especiales hasta final de año
  • Reducción y eliminación de costos: disminución en bases de liquidación de la contribución especial que pagan las empresas para que "se tenga como base de liquidación los ingresos reales y no los ingresos proyectados de las empresas", informó la entidad.
  • Diferimiento de deudas que no se puedan eliminar: revisión de más de 15 procesos sancionatorios y levantamiento de embargos y sanciones impuestas de manera injusta entre los años 2016 y 2018.

Finalmente el Gobierno implementó una línea de crédito exclusiva con Bancóldex para el sector; se dio una reducción del precio del combustible y por más de un mes se eliminó el cobro de peajes a nivel nacional.

¿Medidas pensadas para todos?

Insiste el gremio en que pese a dichos alivios, las exigencia gubernamental para permitir su operación es "restrictiva y tal vez exagerada para los legales" y donde han denunciado que no se estaría teniendo en cuenta a toda la población.

Dice Anderson Quiceno que existe inequidad a la hora poner en práctica medidas al interior de las terminales de transporte donde "(...) a un pasajero no se le permite el ingreso si con antelación no ha comprado el tiquete de viaje de forma virtual. Esto desconoce completamente y entre otras, que gran parte de nuestra clientela es gente rural, campesinos que aún no maneja ese tipo de tecnología, ni tiene acceso a ella".

Para el sector transportador es imperativo que el Ministerio de Transporte evalúe las medidas adoptadas y que han sido "una puerta abierta" para aumentar la ilegalidad en el transporte.

"Es necesario tener presente que mientras las terminales de transporte y nuestros buses están casi desocupados, las carreteras se llenan de transporte ilegal propagando así lo que se busca evitar: más contagios por coronavirus", concluye Jorge Jaramillo desde el occidente del país.

Por: Carolina Bustamante.